Museu da Republica

La población activa de Brasil es de 69 millones de personas, de las cuales 60% trabaja de manera informal (sin empleador fijo, sin pagar impuestos y sin haber contribuido nunca a la seguridad social). Estas personas trabajan en su mayoría como plomeros, electricistas, bomberos o como vendedores ambulantes en las aceras de la ciudad.

Entre 1996 y 1999, el desempleo aumentó 12% cada año. El setenta por ciento de estos trabajadores informales (que forman parte de la economía subterránea) vive en ciudades de menos de 200.000 habitantes y cerca del 50% de la gente pobre pertenece a familias que trabajan ilegalmente, ganando menos de $35 mensuales.

Para la mayoría de esta gente el ingreso económico es incierto e irregular. Existen muchos casos de personas que empezaron a trabajar en las calles vendiendo dulces a los cinco o seis años de edad. Algunos pudieron « avanzar », hacer una carrera y graduarse por ahí de los veintinueve años para acabar reparando sillas en la acera del barrio Copacabana en Río de Janeiro.

Explotar niños como trabajadores jóvenes es una práctica común en Brasil. Aunque el país tiene leyes sobre el trabajo de menores desde 1891, parece que las empresas, el gobierno y la sociedad las han ignorado. Normalmente, los niños de 7 a 14 años han pasado por casi todas las industrias, desde la del calzado a la de producción de carbón y la cosecha de frutas. En 1996, 3.3 millones de niños brasileños trabajaban.

Hoy día, el número de niños que trabajan en Brasil se ha reducido a 2.5 millones. No obstante, muchos brasileños desdeñan personalmente los esfuerzos para acabar con la mano de obra infantil. Señalan que incluso Estados Unidos luchó contra este problema y que todavía existen niños en ese país, especialmente en zonas rurales, que trabajan turnos de 12 horas.

En Brasil, el trabajo de menores está tan arraigado que los padres rara vez critican al gobierno por no ofrecer mejores empleos o una educación adecuada. Al contrario, se sienten agradecidos con el granjero que emplea a sus hijos y les permite así ayudar a su familia con el dinero que traen a casa.

En 1996, la presión internacional empujó al gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardoso a emprender la lucha contra el trabajo infantil. La piedra angular de la iniciativa es un programa que paga a los padres para que manden a sus hijos a la escuela.

Se han desarrollado numerosos proyectos y asociaciones entre el Estado y la sociedad para atacar el problema del trabajo de menores. Pero como la gente está cada vez más consciente de que obtener un empleo es un sueño imposible, muchos jóvenes acaban en la calle—ya sea directamente, en el mercado de trabajo informal—o se meten en las drogas para tratar de escapar a la pobreza y miseria de sus familias.

No obstante, aunque el sentido común sugeriría que la educación universal es algo adquirido en un país que otorga los derechos fundamentales de ciudadanía—igualdad, oportunidad, libertad de expresión y responsabilidad civil—se ha creado un círculo vicioso formado por un mayor desempleo, la explotación infantil, el mercado laboral subterráneo y la pobreza.

Hay que dejar de buscar una solución global que erradique la pobreza y garantice empleos para todos. Idealmente, las autoridades deberían centrarse en encontrar alternativas al círculo vicioso de la pobreza que disuadan a los padres de clase media de empujar a sus hijos a la economía subterránea y fuera de la escuela, donde los menos preparados van directamente al crimen organizado. Quizás es posible crear condiciones que lleven a formar ciudadanos más conscientes de sus derechos mínimos como seres humanos.

La participación de una sociedad más proactiva con referencias sólidas de iniciativas que han tenido éxito en países desarrollados podría sería el primer paso para reducir el número de brasileños privados de educación y de todos los derechos como ciudadanos.

Anelise Pacheco, Museu da República, Río de Janeiro, Brasil